En la presentación de su Plan para la Recuperación, el presidente distinguió como uno de sus pilares la formación de trabajadores y parados. Hasta el punto de que aseguró que ése sería el fin del 18% de las ayudas europeas que el Gobierno quiere invertir entre 2021 y 2023.
Sin embargo, no hace falta esperar a las transferencias de la Unión para disponer de recursos que puedan emplearse de ese modo. Lo evidencia el reducido aprovechamiento que se obtiene de las cuotas, que las empresas españolas pagan mensualmente por sus trabajadores, destinadas específicamente a la formación de los mismos, que cada año deja cerca de un 20% del total acumulado por este concepto queda sin emplearse.
El Gobierno se muestra dispuesto a flexibilizar estas exigencias. Sin duda, hay margen claro para las mejoras en los plazos.
Pero la reforma de la ley no debe desviarse hacia el extremo opuesto y flexibilizar en exceso los controles. Están todavía recientes los escándalos que la flagrante malversación de fondos dedicados a cursos de este tipo provocó. Conviene mantener una supervisión adecuada y evitar claros errores del pasado como permitir que quienes controlan su financiación sean los mismos que los han diseñado y organizado.
Fuente: elEconomista.es
