En 2021, el importe de las multas impuestas por las autoridades de control europeas derivadas del incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, estuvo por encima de los mil millones de euros. Esto supone un aumento del 521% en comparación con la sanción que hubo en 2020.
En el último año se han impuesto un total de 412 sanciones, siendo las más altas por parte de la autoridad luxemburguesa, a Amazon Europe Core, con un importe de 746 millones de euros y, por otro lado, la que impuso la autoridad irlandesa a WhatsApp, que alcanzó los 225 millones de euros.
Al realizar un análisis comparativo de la fuerza de las sanciones reguladoras, las multas ascendieron a más de 171 millones de euros en 2020, un aumento interanual en comparación con los 72 millones de euros en 2019.
Estos datos, sin duda, consolidan al riesgo sancionador como una de las principales preocupaciones de las empresas y de sus órganos de administración.
La exigencia de cumplir con un estándar complejo y exigente como el RGPD, sin duda ha mejorado el nivel de cumplimiento de una empresa, aunque los datos publicados están lejos de cumplir el objetivo. Sin embargo, al menos en España, el esfuerzo de las empresas por cumplir con esta normativa es innegable. Aunque cabe añadir que, en comparación con países vecinos, España es uno de los países de la UE que ha acumulado una mayor cantidad de multas. En concreto, el Servicio Español de Conservación de Datos ha impuesto 352 multas en el último año, traducido en sanciones de un valor de 36,7 millones de euros.
La gestión de datos en una empresa es una tarea muy compleja, la información se convierte en un activo estratégico que cada vez cobra más valor y que aumenta el riesgo de protección.
Además, los riesgos regulatorios y de sanciones serán mayores en 2022, y por lo tanto, se espera que la intensidad y el impacto de los ciberataques aumenten.
Se puede afirmar que la exigencia del regulador para este año también va a ir en aumento, al igual que ocurrirá con las reclamaciones económicas de los afectados por brechas de datos y violaciones de seguridad y, previsiblemente, contra los órganos de administración de las empresas que hayan sufrido incidentes de seguridad.
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